AHUACATLÁN. – Un proyecto de Ley de Ingresos con sentido social en el que se contempla un incremento promedio del 3.5 por ciento es el que, en sesión extraordinaria aprobó el Cabildo en pleno para el ejercicio fiscal del 2018 en este municipio y cuyo documento sería remitido al Congreso del Estado para su revisión y posterior aprobación.
Fue este uno de los principales temas que se abordaron ayer en esta reunión de cabildo a la que asistieron todos los regidores del cuadragésimo primer Ayuntamiento y a la cual compareció el tesorero municipal, Jaime Llamas, quien explicó rubro por rubro, partida por partida; esto es a efecto de que se realizara un análisis más exhaustivo.
En relación a esto mismo y una vez que finalizó la reunión, el presidente Agustín Godínez Villegas, comentó que se procuró incluir cambios mínimos en esta nueva ley, buscando ante todo ser congruentes con la situación económica por la que están pasando todos los Ayuntamientos.
La propuesta contiene la relación de cobros por derechos de servicios de Aseo Público, Agua Potable, Panteones, Rastro, Servicios de Planeación, Tránsito y Seguridad, Conservación de Pavimentos, Licencias de Publicidad y Anuncios, Licencias de Bebidas Alcohólicas, Expedición de Constancias, Certificaciones, Servicios Catastrales, y otros.
También fija precios por Productos y Aprovechamientos, con Multas Administrativas no fiscales. Gastos de Indemnización, Factibilidad del Uso del Suelo, Licencias para Construcción, ya sea particular, comercial o industrial.
La ley, explicó Agustín, solo contempla un aumento generalizado del 3.5 por ciento aproximadamente; e indicó que solo se realizaron algunas modificaciones a la Ley de Ingresos del 2017; “porque la idea es asegurar se cubran las necesidades del municipio y sus posibilidades de promover y apoyar los planes, programas y proyectos de trabajo que este Ayuntamiento debe realizar en el primer año de gobierno”, subrayó.
En la misma reunión se abordó también el tema de los aguinaldos y en ese sentido el presidente municipal explicó que el gobierno a su cargo necesitará de casi tres millones de pesos para pagar esta prerrogativa, e indicó que se tendrá que recurrir a un préstamo para su cobertura; pero afirmó que, en el caso de los empleados sindicalizados, el pago está garantizado.
Discussion about this post