No es ninguna revelación que Antonio Echevarría García es más empresario que político. Su esquivez para dar entrevistas —a menos que las necesite—, para tratar con los entes autónomos, y aparecer en público, han sido constantes.
Sus acciones de gobierno, por significativas que sean, son producto de los protocolos que les son impuestos. Su vinculación con el pueblo está lejos de la necesidad de quienes aspiran a asegurarse una carrera política.
Sabe que en septiembre dejará el mandato que se le confirió como Ejecutivo Estatal y que proseguirá el camino destinado a aquellos con el poder económico para darse los caprichos de influenciar en los asuntos del Estado —entendido como categoría política— y retirarse a los placeres de la burguesía.
Este desinterés por cultivar el carisma, se ha reflejado en los índices de aprobación, que lo ubican entre los últimos peores 5 de todo el país. Es razonable consecuentemente que los procesos democráticos, como el de las elecciones locales, no sean el rubro más importante en los últimos meses que le quedan.
Es cierto, como lo indicó en un comunicado del sábado pasado, que los recursos presupuestarios de Nayarit no sólo están recortados por los últimos acontecimientos derivados de la pandemia —disminución en el sector turístico, comercial, y de servicio—, sino que además están comprometidos por una deuda de aproximadamente 7,000 millones de pesos.
Sus antecesores, incluyendo a su papá, “El Tigre Toño”, multiplicaron la deuda exponencialmente. En la década que va del 2000 al 2010, periodos de Antonio Echevarría Domínguez y de Ney González Sánchez; la deuda del estado aumento 2,900 %. Y del 2010 al 2017 (gobierno de Roberto Sandoval), ésta se incrementó al doble. Pero las irregularidades no se escapan al presente cuatrienio.
El IMCO (Centro de Investigación en Política Pública), descubrió que en Nayarit en 2018 se gastó en gasolina más del doble que lo aprobado. Además, en un análisis del Informe Estatal del Ejército del Gasto (IEEG) 2020, se descubrió que el Ejecutivo estatal gastó más de lo autorizado en materiales y suministros con un porcentaje de 112.5 %, lo cual podría incluir artículos de oficina, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel, pago de servicios como el agua, la luz, gas, internet, telefonía móvil y fija, etcétera.
Que el gobernador diga que su prioridad es atender los gastos de salud y burocráticos, es loable; sobre todo estimando que Nayarit es por una parte de los estados que menos invierte en salud (5,900 millones de pesos); y de los sostiene un aparato burocrático costoso bajo las exigencias del SUTSEM.
Es así que la encrucijada ante la falta de recursos para solventar los 260 millones de pesos que necesita el IEEN (Instituto Estatal Electoral de Nayarit) para llevar a cabo eficazmente el Proceso Electoral 2021 —sin considerar que se requieren de 24 millones de pesos más—, estén poniendo en peligro la elección del mismísimo sucesor del propio Antonio Echevarría.
Hoy estaremos atentos a los pronunciamientos del Consejo Estatal Electoral, de los consejeros y, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien ya alertó ante medios nacionales de la grave situación en que nos encontramos los nayaritas.
La salida de Toño, según dejó entrever, es ganarse la buena voluntad del gobierno federal. Y eso, ni duda cabe, siempre se la ha sabido ganar.
Discussion about this post