Los 990 diputados de 30 estados del país, objeto de esta investigación, perciben un salario superior a 912 millones de pesos al año —sólo por este concepto—, lo que representa el sueldo anual de 6 mil 845 profesionistas o de 34 mil 228 personas que sobreviven con un salario mínimo.
De acuerdo con el observatorio laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un profesionista gana, en promedio, 10 mil 814 pesos (cinco salarios mínimos), y con dicha cifra 990 universitarios tendrían que ocuparse casi siete años para conseguir el monto de sus representantes.
También sería equivalente a 34 años de trabajo de 990 personas que obtienen un salario mínimo y, más aún, serviría para cubrir los sueldos anuales de 17 mil 114 empleados que ganan dos salarios mínimos.
Según el Inegi, en México más de 42% de la población laboralmente activa recibe entre uno y dos salarios mínimos, mientras que sólo 12.5% obtiene cinco salarios.
Estos 912 millones son equivalentes a 2 millones 500 mil pesos al día. Es decir, un promedio de 2 mil 525 pesos por diputado, cifra que corresponde a 34.5 salarios mínimos.
Prerrogativas duplican dietas
Se estima que el monto de las prerrogativas duplica las ganancias de los diputados locales, es decir, a los 912 millones que reciben estos legisladores por concepto de dietas, se suman al menos 922 millones 442 mil pesos anuales adicionales, es decir, 101% más respecto a dicho sueldo base.
Esta cifra es conservadora, dado que algunos congresos no transparentan sus gastos y no existen mecanismos de rendición de cuentas.
En las páginas web de los congresos no toda la información está desglosada y los datos solicitados a través de la ley de transparencia tampoco. En general, estas cuotas complementarias no son comprobadas, ya que en muchos casos los diputados no están obligados a explicar cómo usan estos recursos.
Los privilegios van desde otorgamiento de vehículos, vales para gasolina y despensa, seguros de vida y médicos, personal de confianza, telefonía, mobiliario, viáticos para viajes — nacionales e internacionales —, apoyos parlamentarios, bonos, y en algunos casos hasta equipos de cómputo personal y tablets.
Por ejemplo, en Guanajuato, donde el sueldo de cada congresista asciende a 177 mil pesos (siendo uno de los más elevados de toda la República), se suman hasta 100 mil pesos mensuales en otros conceptos. Ese también es el caso de Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Nuevo León y Sinaloa.
Asimismo, en San Luis Potosí algunos diputados comprobaron gastos a través de facturas simples emitidas por tiendas departamentales, donde compraron calzoncillos tipo bóxer, alimento para mascotas, despensa y televisiones de plasma, todo con cargo al erario público.
Pobres resultados
Expertos coinciden en que los sueldos y prestaciones de los legisladores no son acordes con las tareas que desempeñan ni con los resultados que presentan en cada administración.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explica que parte de este problema es la discrecionalidad con que se aprueban prestaciones y compensaciones complementarias. Asegura que “no existen los mecanismos para poder comprobar si la productividad es acorde al sueldo que cada diputado recibe”; aunado a esto, la visión “patrimonialista” persiste en los funcionarios.
Incluso, tan sólo 298 diputados de nueve estados tienen sueldos superiores a los 100 mil y 90 mil pesos, que representan aproximadamente 42% del monto total.
Los legisladores de Guanajuato, Sonora, Jalisco y Nayarit son los mejor pagados del país, al tener remuneraciones de entre 100 y 177 mil pesos. Mientras que los de Michoacán, Zacatecas, Baja California, Coahuila y Chiapas ganan desde 91 mil hasta 97 mil pesos.
Por su parte, Gustavo López Montiel, profesor en Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, considera que “el sueldo no necesariamente es equitativo con el tiempo que trabajan y con los resultados que ofrecen”, y explica que estas prebendas aún están ligadas a la manera en que los gobernadores influyen en las asambleas, “en muchas ocasiones es una forma de comprarlos [a los diputados] para mantener un congreso estable y cooperativo”.
Guadarrama comenta que se trata de “recursos públicos destinados a un trabajo de representación”, por ello son importantes la transparencia y la rendición de cuentas en este ámbito, y muchas veces estas remuneraciones se encuentran por arriba de los parámetros internacionales.
Enfatiza en la necesidad de otorgar salarios afines a sus tareas: “Esa disparidad no debería de existir porque las funciones en todo el país son las mismas: legislar y servir de contrapeso”.
El experto puntualiza que un factor que debe determinar este tipo de apoyos es el número de población a la que representan los diputados y tomar en cuenta que el presupuesto legislativo no debe destinarse en más de 70% a este rubro.
Información de vanguardia.com.mx
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