SARA MARÍA GÓMEZ COSSIO
La inseguridad se ha convertido en parte del ADN latinoamericano, pero acompañada de ella e inclusive parte de la continuación de esta problemática es la constante impunidad y desigualdadque existe en los países de esta región, por lo que resulta complicado concebir una verdadera readaptación social, cuando la situación carcelaria tiene no solo como problemática la falta de espacio, sino también que éstas se encuentran con una gran cantidad de presos que aún no obtienen sentencia ni cuentan con una división de los mismos correspondiente a los delitos cometidos, así como la ausencia de instalaciones para la educación y recibir visitas de familiares.
Lo anterior sin contemplar la falta de de medicamentos o de insumos básicos para su día a día, en el que América Latina tiene una de las primeras posiciones en cuanto a ocupación penitenciaria, pues según datos de World Prison Brief en el caso de Haití quien tiene una de las peores cifras registradas en esta cuestión al tener un 454.4% de ocupación penitenciaria, de ahí le siguen las cárceles de Guatemala, Bolivia, Perú y Honduras, lo que pone en tela de juicio la verdadera función de las cárceles, pues al tener tal número, impide que se cumplan las reglas Nelson Mandela, las cuales tienen que ver con las condiciones que deben de tener las cárceles para el tratamiento de reclusos y en los casos que aplique lograr una reinserción social, sin embargo esta superpoblación acompañada ahora del COVID-19 ha dificultado este proceso, viéndoles a las cárceles como almacenes de personas, al no contemplar las condiciones adecuadas e inclusive derivado de esta pandemia se opté por algunos países en liberar presos que sus delitos hayan sido cometidos sin violencia, sin embargo estas personas liberadas se enfrentan a un entorno completamente distinto y sobre todo sin haber pasado por el camino de una real y verdadera readaptación.
Todo esto sucede en los países latinoamericanos por los problemas de desigualdad tan marcados que existen, en donde el acceso a la justicia y una defensa eficaz es casi inalcanzable, la discriminación, la inseguridad y el miedo hacia la violencia e inclusive hacia las propias autoridades hacen que este venga acompañado de la ira, el sentimiento de culpa por parte de la sociedad y la envidia hacia quienes pueden acceder a todos los recursos y facilidades existentes, envenenando la esperanza e impidiendo la cooperación de la sociedad.
Por ello, al tener una mezcla de presos de diferentes delitos cometidos provoca que para poder sobrevivir dentro de las mismas cárceles se tengan que adaptar a la situación e inclusive pagar por tener seguridad dentro de las mismas, sorprendiendo sin duda esta situación en la que por apariencias sería uno de los lugares con mayor control para efectos de seguridad y vigilancia por parte del gobierno, obteniendo como resultado al final del día que cuando una persona logré su libertad de estos centros carcelarios, no cuente con posibilidades de emplearse, con una familia en algunos casos que lo respalde y como la vía más oportuna de manera aparente para resolver sus problemas sea regresar a la delincuencia o en algunos casos iniciarse en ella, al haber estado preso sin motivo alguno.
Pero estas problemáticas no van a poder avanzar hacia una solución, si dentro de los gobiernos no se hace énfasis en la situación carcelaria y se dejan de ver a las personas que se encuentran dentro de estos lugares como estadística, para poder comprender su situación y conseguir una efectiva reinserción social, que impida que se vuelva a delinquir.
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