La mitad de los estados arrancarán sistema con la preparación a medias, con salas de juicio oral rentadas, insuficiencia de equipos y capacitación básica. La inversión para implementarlo ya llegó a casi 21 mil millones de pesos y continuará para consolidarlo.
El 18 de junio vence el plazo para el arranque total del nuevo sistema penal en México y solo hay cuatro estados que cumplieron al cien por ciento con los requisitos para implementarlo. Más de la mitad de las entidades iniciarán con falta de infraestructura propia para salas de juicios orales, una capacitación incompleta de los policías y lentitud en reorganizar sus instituciones, entre otras deficiencias.
Un balance oficial proporcionado por la Secretaría Técnica para la Implementación de la reforma Penal (SETEC) a Animal Político, con corte al 1 de junio, detalla el avance en cada estado e institución. El sistema comenzará a funcionar sin excepciones, aunque haya estados menos preparados.
Solo en Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Yucatán se encuentran en un nivel óptimo de ejecución del nuevo sistema penal, que, entre otras cosas, permite que todas las audiencias sean orales y con un juez presente, y que haya mecanismos alternos para solucionar casos graves y se eviten así procesos largos.
El avance ha sido a marchas forzadas en los últimos tres años. Hasta el inicio de 2013, con cuatro años transcurridos del periodo, apenas el 28 por ciento de la población estaba cubierta por el nuevo sistema. Hoy ese porcentaje es del 82 por ciento, pero aún hay 20 millones de mexicanos que no se han visto beneficiados.
De acuerdo con la SETEC, el trabajo realizado de 2013 a la fecha garantiza que ninguna entidad dejará de implementar el sistema penal a partir del 18 de junio en su territorio, aunque los más retrasados comenzarán a hacerlo con “lo mínimo” para que funcionen.
Por ejemplo, hay entidades retrasadas en infraestructura de juzgados como Sonora donde se comenzará a trabajar con salas de juicio oral rentadas, o el caso de Baja California y Quintana Roo donde los funcionarios tienen solo talleres de conocimientos básicos.
Hasta ahora, la inversión que se ha realizado para implementar la reforma asciende a casi 21 mil millones de pesos.
La mitad… a medias
Para medir el avance real en la implementación de la reforma, la SETEC desarrolló una metodología que pondera el trabajo realizado en cada estado en cuatro áreas: capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y comunicación, y reorganización institucional. La medición se conjuga para tener una calificación en una escala del 1 al 10.
Los resultados, revelan que al día de hoy hay 14 entidades federativas con un promedio de 6.0 a 7.4, que se considera como un avance “medio alto” sin llegar a ser “alto”. Dichas entidades son Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Campeche, Veracruz, Puebla, Michoacán, Sinaloa, Tlaxcala, Bala California, Tabasco y Quintana Roo.
Baja California Sur es la única entidad federativa con un resultado aún más bajo, 5.7, lo que la única con un “avance medio”. Esto se debe a rezagos significativos que presenta la entidad tanto en capacitación, como en equipo s tecnológicos y en la infraestructura del tribunal y la procuraduría estatal.
Posteriormente hay 13 entidades que registran un nivel alto en la preparación e implementación del nuevo sistema, con una calificación de 7.5 a 8.6. Entre ellas se encuentran la Ciudad de México y el estado de México, las dos demarcaciones con mayor población del país.
Finalmente, en lo que la SETEC define con un “nivel óptimo” de preparación y ejecución del nuevo sistema penal, con una calificación superior a 9.0 solamente hay cuatro entidades: Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila.
En esos estados, el cien por ciento de la población está cubierta por el sistema, pero además las instituciones cuentan con una infraestructura propia funcionando y una capacitación avanzada tanto en el sistema judicial, como en las corporaciones policiales y en sus abogados de oficio.
Los mayores rezagos
Hay cuatro instancias responsables de operar la reforma penal en los estados: las secretarías de Seguridad Pública con los policías, las procuradurías/fiscalías con las agencias del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales; las defensorías públicas con abogados y facilitadores de soluciones alternas a un juicio; y los tribunales de justicia con los jueces.
De acuerdo con la evaluación, las secretarías de Seguridad Pública y las defensorías de oficio son los operadores más atrasados, con un avance promedio nacional de 6.7.
Entre las corporaciones policiales más rezagadas están, por ejemplo, las de Baja california Sur, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas y Campeche debido a su atraso en recursos tecnológicos como computadoras o cámaras.
Las policías de Nayarit, San Luis Potosí y Guerrero carecen de una capacitación integral en el nuevo sistema, mientras que las de Oaxaca, Campeche e Hidalgo no cuentan aún con los protocolos suficientes para este sistema que exige tanto nuevas plazas como mecanismos de intervención de los agentes.
En cuanto a las defensorías públicas, que es el área que de oficio y de forma gratuita ofrece asesoría legal con abogados a las personas acusadas de un delito, los mayores atrasos están en Durango y Sonora donde carecen de equipos tecnológicos; en Nayarit donde no hay instalaciones adecuadas; y en Oaxaca donde no hay plaza sin protocolos suficientes.
Además de lo anterior hay retrasos significativos en algunos aspectos específicos en las entidades. Por ejemplo, en la Procuraduría General de Justicia en Guerrero hay graves carencias de equipos tecnológicos, pero también de elementos indispensables para las investigaciones como laboratorios periciales o bases de datos para redes de vínculos.
En infraestructura, Sonora no tiene ni salas de juicio oral ni instalaciones adecuadas en sus agencias del Ministerio Público. En el tema de la capacitación, las procuradurías de Sonora, Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Baja California, tienen calificaciones de 1.8 a 2.8, lo que se traduce en una preparación mínima en los fundamentos del nuevo sistema.
Gasto, ahorro y beneficios
De acuerdo con los datos oficiales, hasta ahora se han invertido 20 mil 981 millones de pesos en la preparación del nuevo sistema penal en los estados. Estos recursos han provenido tanto de los subsidios específicos que se designan a cada entidad para este tema, así como del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se da a los estados, y de partidas similares para los municipios.
Pero el gasto no ha sido parejo. Según la dependencia, el 72 por ciento de la inversión se ha hecho del 2013 en adelante. Esto permitió que se avanzará en la cobertura del nuevo sistema hasta llegar a un 82 por ciento actualmente.
La SETEC subrayó que el nuevo sistema es más barato y los beneficios económicos para las víctimas son mayores. Por ejemplo, en el sistema mixto actual (escrito principalmente) el costo de cada proceso es de 15 mil 198 pesos en promedio, mientras que una resolución de un asunto penal a través de los mecanismos alternativos del nuevo sistema cuesta solo mil 566 pesos.
Además, donde ya opera el sistema se han incrementado los montos recuperados por reparación del daño a través de los medios alternativos. En Yucatán se recobraron alrededor de 3 millones de pesos, en Coahuila más de 6 millones de pesos, y en Oaxaca, en los últimos 5 años, más de 41 millones de pesos.
Por otro lado, se reporta que hay una disminución importante en la prisión preventiva que casi por regla aplica en el sistema que está por salir. Se calcula que más de 70 mil personas evitaron ir a prisión hasta ahora, y hay entidades con descenso significativos como Nuevo León donde la prisión preventiva cayó de 45 a 25 por ciento.
La Secretaría Técnica subraya otros beneficios. De entrada, todas las audiencias son orales y con un juez presente, y todas son videograbadas para garantizar al publicidad y transparencia del proceso.
Además, se prioriza la solución alterna de conflictos o mediación, que significa que en cualquier caso por un delito que no sea de extrema gravedad, las partes involucradas (víctimas y acusados) asesorados por personal especializado, pueden alcanzar un acuerdo de reparación del daño que luego se oficializa ante el juez y asís e evita un juicio largo.
Todos los procesos en el sistema penal actual que está por salir duran en promedio de 170 a 185 días, mientras que, en el nuevo sistema, un conflicto que se soluciona con mecanismos alternativos no pasa de 30 días.
Los casos que se están resolviendo de forma alternativa con mayor frecuencia en las zonas donde ya opera el sistema, y que antes terminaban de forma forzosa en procesos largos, son de daño en las cosas, amenazas, lesiones culposas, hurtos sin violencia y fraudes menores.
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