Los regímenes democráticos más avanzados contemplan la reelección de sus gobernantes en sus tres elementos tradicionales del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El oficio político para formar parte de cualquiera de estos tres requiere de trayectoria, y no todos tienen esa vocación para dedicarle tiempo a ella. No todos tienen talento para servir, o para conocer los asuntos técnicos que implican la administración pública o el parlamentarismo. En el Judicial, no hay discusión, hay sistemas de escalafón y el servicio de carrera que sirve mucho a esta nación.
El problema es la visión que la mayoría tiene de la política. La ven como una actividad de relevos, y en cierta manera lo es, nadie debe perpetuarse a capricho en el poder; pero la democracia precisamente implica el renovar o prolongar a los gobernantes, según sus actos.
Otro aspecto es que la mayoría ve, principalmente en los municipios como los nuestros, una oportunidad laboral. Sobre todo quienes aspiran a un puesto de empleado. Y ya enquistados ahí, procurase la basificación y sindicalización como una forma de garantizar la seguridad económica, que también da estabilidad emocional.
Es por ese motivo que los sindicatos en la administración pública deben desaparecer. Porque sus puestos no tienen un origen privado, sino público. Pero para que esto suceda, deben llegar gobernantes que también estén dispuestos a bajarse los sueldos y compensaciones que ganan. Debería surgir de los organismos de la sociedad civil, un mecanismo de regulación salarial de los altos funcionarios públicos.
Pero no se me confunda. Reelección no es transmutación, ósea “chapulineo”. Eso es lo más ominoso que puede haber. No debería permitírsele a nadie abandonar sus puestos públicos para buscar otro de diferente naturaleza. Para ello también es indispensable que las leyes se modifiquen a fin de que los candidatos que se quieran reelegir para el mismo puesto, puedan continuar en funciones. Sí, aunque parezca desproporcionado así debe ser.
El presidente podría hacer campaña para reelegirse. El diputado, el senador, el regidor no tendrían que pedir licencia, y abandonar su puesto. Su labor será premiada o castigada en las urnas. Y si acaso aspira a cambiar de cargo público, tendría que ser obligado a que primero termine su gestión o el mandato que le confirió el pueblo.
Los plurinominales también deben desaparecer. El único vínculo que tiene que haber es entre gobernantes y gobernados. Los partidos sólo deben ser un mecanismo para aglutinar a ciudadanos con ideas afines. El trinomio gobierno-partido-ciudadano debe terminar. Un asunto que está sobre la mesa de análisis desde los años 50’s.
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