Una de las promesas migratorias más radicales del presidente entra en vigor el 19 de febrero de 2025.
REDACCIÓN
En una medida que ha generado gran controversia, el presidente Donald Trump emitió el lunes pasado una orden ejecutiva que busca abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
Esta acción, que entra en vigor el 19 de febrero de 2025, cumple una de las promesas más radicales de su plataforma migratoria.
La ciudadanía por derecho de nacimiento es un principio consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que establece que cualquier persona nacida en territorio estadounidense automáticamente se convierte en ciudadano estadounidense.
Este derecho se aplica incluso a los hijos nacidos de personas indocumentadas, así como a aquellos nacidos en el país bajo una visa de turista o estudiante, que planean regresar a su nación de origen.
El texto de la Enmienda 14 establece que: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Sin embargo, la orden ejecutiva de Trump argumenta que el concepto de «sujeto a su jurisdicción» ha sido malinterpretado por las cortes desde la ratificación de la enmienda en 1868.
Expertos legales consultados por Noticias Telemundo apuntan que esta interpretación ha sido uno de los puntos clave en la discusión sobre la ciudadanía y su alcance en casos de personas nacidas de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes.
Trump sostiene que la enmienda no fue diseñada para otorgar ciudadanía automática a los hijos de personas que no están completamente bajo la jurisdicción del país, como aquellos en situación migratoria irregular.
La orden de Trump busca reorientar esta interpretación, lo que podría tener implicaciones significativas para millones de personas nacidas en Estados Unidos de padres extranjeros, modificando un derecho que ha sido parte fundamental de la legislación migratoria del país desde el siglo XIX.
A medida que la fecha de entrada en vigor se acerca, se anticipan intensos debates legales y sociales sobre el impacto de esta medida, que podría alterar profundamente la política migratoria estadounidense.
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