Contralorías autónomas

En la historia y la filosofía política se aprende que los gobernantes han de rodearse de amigos y personal de confianza, exigiendo de tales uno de las condiciones éticas más útiles para preservar la funcionalidad del gobierno: la lealtad. 

Son muchos los ejemplos de personajes que aprendieron a la mala la consecuencias de acoger a extraños o personas alejadas a su círculo cercano. Uno de ellos, bien se recordará, fue Francisco I. Madero, quien dejó a muchos partidarios del antiguo régimen de Porfirio Díaz en su gabinete, pese a las resistencias y el recelo de varios revolucionarios, como Emiliano Zapata. Y ya sabemos cómo terminó el desenlace que tuvo el Apóstol de la Democracia. 

Pero cuando me refiero a un gobierno conformado por aliados, no aludo a todos los puestos públicos. Pues hay algunos que requieren de autonomía para su buen desempeño. Y aunque es la enésima vez que lo planteo desde el 13 de febrero de 2006 en que por primera vez lo sugerí en un artículo como éste, ante la cercanía del cambio de poderes, me siento obligado a volverlo a decir: la contraloría debe ser manejada por un profesional, externo al cualquier presidente electo. 

Tardíamente vengo a replantear este consejo. Ya algunos alcaldes electos, como el de Amatlán de Cañas, tiene a su plana mayor lista para arrancar el próximo 17 de septiembre su proyecto de gobierno. Pero las conveniencias de que se hiciera conforme lo propongo, podrían evitar que el manejo financiero por parte de la Tesorería acarree sanciones de órganos superiores, como la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

En Jala se hizo con Carlos Carrillo. Y desde mi experiencia como proveedor de servicios, puedo decir que fue el municipio en que con más rigor se cumplían con las disposiciones legales. 

No ignoro, que tal y como ocurrió en muchos de los concursos para elegir a los titulares del IMPLAN, muchos presidentes organizaron una simulación para designar a sus allegados. Y que lo mismo podría ocurrir en el caso de la Contraloría. Pero eso sólo implicaría un autoengaño que no cumpliría con el propósito: contar con una supervisión eficiente y eficaz de los recursos públicos, sus contratos, licitaciones, etcétera. 

A MANERA DE COLOFÓN: 

Lamento mucho que Nayarit sea el único estado en dónde se eligen a los regidores por votación directa. Es un mecanismo democrático que lejos de aportar al bien común, últimamente ha dañado irreparablemente el desempeño de las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que los ediles exijan puestos públicos para sus seguidores, amigos o familiares? Esto lejos de abonar a generar contrapesos en el Cabildo, ha ocasionado un condicionamiento a hacerse de la vista gorda cuando los presidentes pierden el rumbo. Esos puestos que los presidentes electos han admitido introducir en sus filas, son la moneda de cambio para votar de forma unánime proyectos que muchas veces no deberían pasar. 

Lo de los sueldos, eso que ganan los regidores por su servicio público, ni con un descuento del 50 % compensan el prejuicio que ocasionan al erario, según el bajo desempeño y poca actividad que realizan. Salvo muy honrosas y raras excepciones.