Magistrados, jueces y notario, implicados en red de corrupción

TEPIC

La Fiscalía General del Estado informó a la ciudadanía que como resultado de más de un año de trabajos de investigación, se han obtenido indicios de que en Nayarit, entre 2013 y 2018 se realizó una asociación, arreglos y convenios entre apoderados legales y funcionarios del Infonavit, un despacho externo de abogados, funcionarios del Poder Judicial del Estado, encabezados por el entonces magistrado presidente, un magistrado más, 4 jueces de primera instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario público para llevar a cabo de manera ilegal la ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil viviendas ubicadas en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco en prejuicio de miles de familias derechohabintes de ese instituto de vivienda. 

Este entramado de presunta corrpución se confeccionó a través de una simulación de juicios en 4 cuatro juzgados de primera instancia en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, que concluyeron en la adjudicación y escrituración de manera irregular de aproximadamente 40 mil casas.

Hay indicios que la operación fue en dos etapas. La primera inició en los años 2013, 2014 y 2015 en los juzgados de Xalisco y Compostela, se conoce que oficialmente en los juzgados se tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho particular de los abogados externos se tramitaban juicios “espejo” con miles de demandados, falsificándose constancias, sin notificaciones ni emplazamientos de los demandados, sin la intervención de Ministerio Público alguno, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y en contra de los trabajadores, viviendas que se adjudicaron por un 75 por ciento del valor del avalúo de los inmuebles. Las escrituras fueron realizadas por un mismo notario. 

Las investigaciones permiten deducir que las actuaciones –es decir el proceso judicial– se realizaban por personal contratado por el despacho externo, trabajando en dos edificios ubicados en el centro de Tepic, y solamente se llevaban para firmas a los jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados. Hay información también de entregas de dinero en efectivo, así como la promesa de algunas otras prestaciones.

 La segunda etapa se ejecutó en los dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a finales de 2016. Sin tener registro alguno en libros de gobierno, se confeccionaron expedientes con números consecutivos ficticios con demandas iniciales; se sabe ahora que el despacho externo realizaba los supuestos acuerdos y notificaciones, y solamente por volumen se llevaron para firmas del juez y secretarios de acuerdos.

 Los anteriores hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit.

Este jueves, el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, presentó al Congreso del Estado la solicitud de declaratoria de procedencia en contra de los servidores públicos con fuero, siendo estos 4 jueces y 2 magistrados en funciones, para que previo el proceso correspondiente, se les retire dicha protección especial, y en su momento se pueda ejercer acción penal en su contra.

Además se ordenó la vista al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, notificadores y personal administrativo. Además dé la vista al Colegio de Notarios del Estado de Nayarit para que se investigue el actuar del fedatario público involucrado.

Se ordenó inmediato desglose de la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República sobre los posibles delitos de su competencia, y se tuvo comunicación con autoridades del Infonavit y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para que también intervengan en el asunto en atención a sus facultades y por tratarse del sensible tema del derecho a la vivienda.