IXTLÁN DEL RÍO. – A través de un comunicado, el gobierno municipal de Ixtlán del Río desmiente la información que ha circulado en algunos medios de la capital en relación con una orden de juicio político y desafuero en contra del presidente Pepe Alvarado ante el Congreso por presunto desacato por negarse a cumplir con la reinstalación de 52 empleados que habrían sido despedidos injustificadamente en 2011.
En el escrito, la oficina de la Presidencia Municipal afirma que tienen 145 expedientes laborales en donde ha sido demandado el Ayuntamiento de Ixtlán del Río, siendo casos derivados de demandas entabladas en los años 2009, 2010 y 2011.
Asientan que durante algunos años fueron desatendidos los juicios laborales, sin embargo; sostienen que una de las políticas asumidas por la actual administración fue atender jurídicamente los expedientes hasta su conclusión, en los que en algunos casos se les ha concedido la razón, y en otros no.
Informan que del 100 % de los asuntos existentes, en el 15 % se ha logrado el desistimiento de la parte actora, ya sea por negociación o porque no les asiste la razón; añaden que se han efectuado 22 convenios de pago que han dado por concluida la controversia legal. Esto representa el 25 % de los asuntos resueltos en el actual gobierno y que fueron ignorados por las autoridades anteriores. Con relación a los juicios que aún están en proceso, indican que estos están en diversas etapas, estando pues vigentes.
Por otro lado, responden a las acusaciones del abogado Carlos Ornelas, perteneciente a la firma de abogados IUS, quien ha hecho declaraciones tendientes a presionar al gobierno desde un principio, diciendo ante los medios que existe una orden de desafuero en contra de Pepe Alvarado por presunto desacato a cumplir con los laudos, afirmando además que ya han sido embargadas algunas propiedades del municipio; situación que desmiente el gobierno municipal en este comunicado. Que entre otras cosas dice:
“En el caso de los asuntos que representa el licenciado Ornelas, se han realizado diversas pláticas conciliatorias a lo largo de los tres años, en las cuales muchos asuntos han llegado a pagos que concluyen los juicios y da cumplimiento a los laudos. Sin embargo – apuntan –, en la última reunión sostenida con el abogado Ornelas, misma que fue convocada por el Ayuntamiento, el litigante enfatizó que no tenía interés de llegar a que se cumplan los laudos (o sentencias) de sus clientes, ya que, a su forma de expresarlo, preferían llegar con impacto a la siguiente administración”.
Discussion about this post