El órgano colegiado queda con cinco magistrados los cuales no podrán desempeñar otro empleo público remunerado.
TEPIC/ZONA SUR.
Con la votación unánime de las y los diputados integrantes de la 33 Legislatura, que preside la parlamentaria Alba Cristal Espinoza Peña, en Sesión Pública Ordinaria aprobaron la reforma a la Constitución local para reducir de siete a cinco magistrados integrantes en el Tribunal de Justicia Administrativa.
La reforma constitucional prevé la reducción del gasto público y optimizar los recursos de los que dispone el tribunal del orden administrativo; lo anterior implica “hacer más con menos”.
En el dictamen aprobado se argumenta que, del 24 de enero del 2020 al 31 de noviembre del 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa en Nayarit solo dictó 61 resoluciones; 18 procedimientos de responsabilidad administrativa, 13 recursos de inconformidad, 17 recursos de reclamación y 13 juicios contenciosos administrativos; mientras que el estado de Jalisco durante el 2020 dictó alrededor de mil 254 sentencias y en Sinaloa del 2020 al 2021 el tribunal resolvió 3 mil 950 asuntos.
En la misma reforma constitucional aprobada, se estipula que no podrán ocupar el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa quien se haya desempeñado en algún cargo de elección popular, como dirigente de algún partido político, como fiscal general del Estado o secretario de alguna dependencia del Poder Ejecutivo, esto durante el último año previo a la designación.
La reforma a diversos artículos de la Constitución Política local aprobada por las y los legisladores también contempla modificaciones al interior del Poder Judicial de Nayarit, las cuales se refieren a garantizar la paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura; contará con un nuevo esquema de responsabilidades administrativas; se transmite la competencia de la justicia constitucional al Pleno del Tribunal y se fortalece la función de los jueces de primera instancia.
Con relación a fortalecer la función de los jueces de primera instancia, las modificaciones aprobadas señalan que las y los magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura no podrán desempeñar ningún otro cargo o empleo público, ello para garantizar de manera adecuada el cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas.
Las reformas a la Constitución local tuvieron origen en las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo y del legislador Pablo Montoya de la Rosa respectivamente.
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