Propone Polo despenalizar las injurias y difamación

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Despenalizar las injurias y la difamación tiene como fin la propuesta de reforma al Código Penal presentada por el diputado Leopoldo Domínguez González.

Derogar los artículos 217 y el contenido del Título Décimo Séptimo denominado Delitos Contra el Honor dará lugar a una mayor protección a la libertad de expresión.

Al argumentar la iniciativa, el legislador Leopoldo Domínguez González señaló que “los delitos contra el honor son actos que afectan a la dignidad o al prestigio de las personas; un delito contra el honor sucede cuando alguien culpa o se expresa de manera grave lesionando su dignidad, atentando contra su prestigio aun sabiendo que todo lo que se afirma es falso”.

[su_quote cite=»Polo Domínguez. «]Sancionar este tipo de acciones se ha visto desde hace algún tiempo involucrado en cuestiones polémicas, se argumenta que el sancionarlas frecuentemente es utilizado con la finalidad de censurar o castigar el escrutinio de la prensa a las figuras de interés público.[/su_quote]

Una más de las explicaciones del diputado local es que en diversos estados de la República Mexicana se han impulsado reformas al Código Penal para eliminar los delitos contra el honor ya que no contribuyen al fortalecimiento de la democracia.

[su_quote cite=»Polo Domínguez. «]En lo que corresponde a Nayarit, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución para resolver las acciones de inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 116/2015, en donde declaró la invalidez del delito de calumnia ya que ésta limitaba de manera excesiva y desproporcional la libertad de expresión, el acceso a la información y el ejercicio periodístico, argumentó.[/su_quote]

Nayarit es uno de los pocos estados que contempla en su legislación penal los delitos contra el honor; es decir las injurias y la difamación; en otras entidades ya se han derogado en base a los estándares constitucionales e internacionales sobre libertad de expresión.

Domínguez González se refirió a un informe emitido por los Relatores de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento en el que recomiendan al Estado mexicano derogar la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917 y reformar los códigos penales de las entidades federativas con el fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.