JALISCO/NAYARIT.
Este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el dictamen que resolvería una controversia constitucional relacionada con la autonomía de los pueblos indígenas al que alude el artículo 2º constitucional y el derecho a la libertad religiosa que consagra el artículo 24 de la misma Carta Magna.
El asunto en particular tiene que ver con el violento desalojo del que fueron víctimas 21 adultos y 29 menores de edad en diciembre de 2017 en la comunidad serrana de Tuxpan de Bolaños, Jalisco; lugar dónde una turba de inconformes expulsaron del lugar a algunas familias que profesan la religión de los testigos de Jehová.
Las víctimas relatan que un grupo de personas enojadas en aquel entonces, llegaron por ellos a mediodía, los insultaron verbalmente y los subieron a unos camionetas para abandonarlos en lo alto de la sierra, dónde varios de ellos se enfermaron por no traer la ropa adecuada para afrontar las inclemencias del tiempo.
Además, sus pertenencias fueron destruídas, las casas derrumbadas y algunos muebles fueron abandonados a la orilla de un camino rural. Agustín Chino comenta: “…Mis tres hijas empezaron con problemas respiratorios, situación que me preocupó mucho. En menos de cuatro meses después del desalojo, mi esposa perdió a su madre y su padre, perdimos nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestras hijas enfermaron y seguimos sin tener dónde vivir”.
Después de exponer el caso ante diversos órganos del gobierno, un juez de Distrito resolvió el 26 de octubre de 2018 que los provocadores actuaron conforme a la libre determinación de los pueblos indígenas; no obstante, un Tribunal Colegiado de Circuito revocó la decisión; luego al llegar el asunto a la SCJN, la Segunda Sala determinó que debido a la trascendencia e importancia del caso, debería ser analizado por el pleno.
Es así que éste miércoles fue programada la audiencia, pero los ministros decidieron posponerla para otra ocasión. Cabe destacar que los desplazados alquilan casas, pero que con la actual pandemia del COVID-19 algunos han perdido sus empleos. Además no se les permite entrar a la comunidad para reparar sus casas, de las que son dueños, o visitar a sus familiares.
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